Se acercaba la Navidad de 2007 y la joven Elsa Molina Carreño (23), que trabajaba en una peluquería, hacía planes para irse a La Serena. Sus proyectos quedaron truncos a causa de una grave fractura de columna que sufrió en el Parque Italia de Valparaíso, donde parte de un enorme árbol se desprendió del tronco y la golpeó violentamente.
Estuvo 20 días en el hospital Van Buren, siguió prácticamente inmovilizada en su casa -dependiente para todo y sin recursos para costearse caros medicamentos-y hasta el día hoy permanece en rehabilitación en la Teletón.
Elsa demandó a la municipalidad local por 250 millones de pesos, en un juicio que aún no concluye. Se pregunta qué habría pasado si lo que le ocurrió a ella le hubiera pasado a un niño.
DESCUIDO FATAL
No es el primer caso en que un transeúnte que sufre lesiones atribuibles a falta de mantención, fiscalización o previsión de los entes encargados de administrar los espacios públicos busca responsabilidades civiles.
Hace ya 16 años Edgardo Reinoso, socio de ABRG Abogados, representó a la familia del cabo segundo de la Armada Luis Salinas Vergara, quien murió a los 23 años al caer de su bicicleta en el cerro Barón, debido al mal estado de la calzada. La justicia condenó al municipio y al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) a indemnizar a los padres con 80 millones de pesos.
Dedicado a la especialidad que hoy se conoce como derecho de daños, Reinoso -también representante de las víctimas de la pasarela de Portales-trabaja en algunos bullados casos en la región. Como una reciéninterpuesta acción judicial de los vecinos afectados por el socavón de la calle Miramar, en Reñaca, que demandaron al municipio de Viña del Mar, a Esval y a Serviu.
LICENCIA EQUIVOCADA
La gente ha dejado de culpar a la mala suerte y busca responsables de lo que considera falta de servicio o negligencia.
Es el caso del porteño Mauricio Letelier Rafferman, que en 2006 hizo el curso para obtener licencia de conducir tipo A-2 y A-4, pero en la dirección de tránsito le entregaron un documento equivocado, lo que determinó que fuera detenido en una fiscalización policial mientras manejaba un colectivo. Pasó del calabozo de la comisaría al del juzgado y perdió el trabajo.
Asesorado por el abogado porteño Arnoldo Montecinos, demandó al municipio y finalmente las partes llegaron a un acuerdo por dos millones de pesos. Letelier no quedó muy conforme, "pero qué se le va hacer", comenta,pensando también "en lo pobre que dicen que está la municipalidad". El conductor de la línea 105 Placeres ahora se prepara para obtener licencias A-3 y A-4. Espera confiado en que esta vez le vaya mejor.
CONTROVERTIDOS RESULTADOS
Atentos a la creciente conciencia del público sobre sus derechos, en los municipios se instala el convencimiento de que es mejor y más barato mantener en buen estado calles, veredas, semáforos y árboles,cuidar de que los cauces tengan tapas y señalizar donde corresponde, antes que enfrentar o eventualmente pagar fuertes indemnizaciones. En eso están claros los jefes de los departamentos jurídicos de Valparaíso y Viña del Mar, Vladimir Mondaca y Mario Araya.
Pero también es cierto que algunas acciones judiciales no resisten instancias superiores. Una turista que se lesionó al lanzarse por el tobogán del ex Topsy de Reñaca demandó al municipio. El tribunal civil le concedió indemnización, pero las Cortes de Apelaciones y Suprema opinaron distinto.
"No cualquier cosa que pase en la ciudad o en un recinto privado es responsabilidad municipal", dice Mario Araya. "Y los municipios se defienden frente a situaciones que escapan a su competencia, ya que cualquier responsabilidad significa pagar con recursos de todos los vecinos".
Así fue con el edificio El Faro de Reñaca, dinamitado tras el terremoto de 1985. En ese caso la justicia estableció que hubo falta de fiscalización municipal respecto de las exigencias de la construcción, según la legislación de la época. Y el municipio tuvo que pagar. No así en el colapso del cauce Los Abetos, que en 1997 provocó millonarias pérdidas a 22 familias, que pidieron ser indemnizadas. La Corte Suprema determinó que en esa situación el municipio no incurrió en falta de servicio.
DERECHO A RECLAMAR
Desde todos los sectores se constata la creciente conciencia de los consumidores y usuarios por hacer respetar sus derechos.
El director regional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Mauricio Harire, plantea que de acuerdo a una encuesta CERC encargada por la entidad a fines del año pasado, el 79% de los consumidores a nivel nacional conoce y está dispuesto a defender sus derechos, porcentaje que en la región es más alto: 82%. No por nada, en 1998 se registraba en la zona un promedio anual de cuatro mil reclamos, en circunstancias que el año pasado superaron los nueve mil.
Para el abogado Edgardo Reinoso, el incremento de las demandas que persiguen responsabilidades civiles está directamente relacionado con la profundización del estado de derecho y el afianzamiento de los sistemas de protección de los derechos de los ciudadanos en Chile. "Los tribunales son totalmente probos, jueces y ministros no son influenciables" y eso se traduce en una infraestructura que hace posible que las indemnizaciones, cuando corresponde, sean prudentes y razonables, acota el profesional, cuya oficina ha recibido numerosas consultas sobre acciones judiciales en caso de que se compruebe colusión para subir precios de los medicamentos.
"Hay un proceso de toma de conciencia de que las personas son sujetos de derecho y es legítimo hacerlos valer", agrega su colega Roberto Celedón, abogado en casos tan conocidos como el de las guaguas cambiadas en el Hospital de Talca. "La gente juega un rol cada vez más central respecto de la fiscalización dela autoridad y de quienes prestan servicios a la comunidad", resume.
PASARELA, ANTES Y DESPUÉS
En Valparaíso el caso de mayor impacto en los últimos años es el de la demanda presentada por afectados y familiares de víctimas del derrumbe de la pasarela de Portales el 1 de enero de 1999, en que el municipio porteño fue condenado a pagar mil 100 millones de pesos.
En eso coindice el director jurídico Vladimir Mondaca: "efectivamente, hay un antes y un después en el sentido de que si las personas sufren algún daño por mal funcionamiento municipal, ellas reclaman o presentan demanda por falta de servicio, y el departamento jurídico tiene que encargarse. Pero también tenemos disposición a llegar a acuerdo si realmente comprobamos que el servicio se prestó mal".
Mondaca echa de menos una oficina comunal de atención al consumidor en una ciudad con importante comercio, multitiendas y empresas prestadoras de servicios, por lo que en conjunto con Sernac se instalará pronto un módulo para tal efecto en las oficinas municipales ubicadas en la avenida Argentina. "De ese modo,las personas podrán hacer consultas y presentar reclamos en su calidad de consumidores, esta vez de productos o servicios de privados que les puedan generar daños o problemas".
TODO TIENE SU COSTO
Todo anverso tiene un reverso. Y así como el incremento de las demandas lleva a los municipios a contratar seguros cada vez más completos de responsabilidad civil respecto a terceros, lo que obviamente encarece sus costos de operación, algo similar ocurre en otro sector donde crecen las acciones judiciales: la medicina.
"Lo hemos denominado el efecto perverso de los reclamos porque su aumento ha significado que no sólo los médicos estén tomando seguros, sino que además las instituciones donde trabajan los obliguen a contratarlos para estar protegidas frente a eventuales condenas en dinero", plantea Juan Carlos Bello, abogado jefe de la Fundación de Asistencia Legal Colegio Médico (Falmed),entidad asociada a la orden profesional a la que están afiliados más de nueve mil facultativos, que representan sobre el 80% de los médicos colegiados que ejercen en el país.
"Es claro que eso lleva a un encarecimiento de las prestaciones, porque hace que el acto médico, y yo diría toda la prestación de salud, en cualquiera instancia, suba sus costos", agrega, aun cuando enfatiza que el hecho de que Falmed cuente con el mencionado número de afiliados asegurados "importa una relación distinta con las compañías de seguros" respecto de la fórmula de contratación individual.
También hace notar que a modo de reacción surge el fenómeno de la "medicina defensiva", en que el profesional tiende a protegerse y, por ejemplo, pide más exámenes para resguardarse. "Con esto no estoy diciendo que sea malo que la gente reclame, tiene derecho a hacerlo, pero hay que saber cuáles son las consecuencias de ello".
Como sea, en estos días en que miles -o millones-de personas miran hacia el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por la denunciada colusión entre las tres grandes cadenas farmaceúticas para subir los precios de más de 200 remedios, el tema de los reclamos y las demandas cobra extraordinaria vigencia. (El Mercurio, Domingo 5 de abril de 2009)
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